Las encuestas de las asociaciones de autónomos de España presentan un aumento de la práctica de la economía sumergida. En ellos destacan datos como que, solo en la provincia de Pontevedra, la economía sumergida alcanza un 30 por ciento.
El fraude de la economía sumergida afecta a casi todos los sectores, desde la reparación de vehículos, a la hostelería y las reparaciones del hogar y electrodomésticos, afectando a las empresas que se dedican como profesión a estas tareas. Muchas personas, también, se ven abocadas a realizar estos trabajos como una manera de ganar un sobresueldo con el que poder afrontar el aumento de precios y la bajada de nóminas.
Pese a que las instituciones oficiales persiguen la mala práctica de la economía sumergida, la lucha administrativa contra este tipo de sistema de trabajo es muy lenta y complicada, por lo que es difícil frenar su crecimiento. Desde las asociaciones de empresarios se pide que la administración sea más dura y que actúe con mayor decisión a la hora de imponer multas.
Entre 2011 y los meses ya transcurridos del año 2012, en cada provincia española se han registrado centenares de denuncias contra talleres ilegales. Pero lo único que se consigue es que se cambie de lugar la actividad y que se siga trabajando a puerta cerrada, en sitios a los que no se puede acceder fácilmente, como domicilios particulares.
También se han registrado casos de trabajadores ilegales que, según sus promotores, actuaban por ‘desconocimiento’ y han acabado buscando la manera de regularizarse. De hecho, las asociaciones de autónomos se muestran favorables a facilitar el acceso de los profesionales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Se espera que la crisis aún hará que aumente más la actividad de la economía sumergida en España. El aumento del número de parados y los ERE que se aplicarán en muchas empresas conseguirán que crezca más este tipo de actividades, que se consideran un círculo vicioso arriesgado.
Foto: Ater Serveis Integrals